La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, FACPCE, aseguró que la resolución de la Unidad de Información Financiera, UIF, es de «difícil cumplimiento en lo inmediato». La normativa Nº 2.511, publicada en el Boletín Oficial, les obliga a los contadores a denunciar eventuales maniobras de lavado de dinero que pudieran detectar en la preparación de las declaraciones juradas de sus clientes.
Los contadores están en contra de denunciar maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las Declaraciones Jur5adas de sus clientes.
Guillermo Fernández, secretario FACPCE, señaló que esta resolución:
- «es de difícil cumplimiento en lo inmediato».
- «con esta medida, se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que estos profesionales cumplen una función de asesoramiento y las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes».
- cuestionando la «incorporación de los profesionales independientes en una tarea que hasta el momento llevaban adelante los auditores y síndicos»
- «en todo caso, vendría bien que se extendiera a otras profesiones para darle mayor equidad».
La norma establece medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Esta tiene la diferencia de las obligaciones preexistentes para los profesionales de ciencias económicas, ya que en ella, se incorpora la obligación de denunciar presuntas maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo cuando el sujeto a informar se trate de una persona física.
La Resolución, que lleva la firma de José Sbattella, presidente de la UIF, alcanza a las personas físicas que posean un activo superior a los tres millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables auditados.
En esta avanzada contra eventuales maniobras de lavado de dinero se pondrán en marcha medidas de prevención que prevén la elaboración de un manual con mecanismos y procedimientos, a cargo de los consejos profesionales.
Además, la política de conocimiento del cliente debe incluir criterios, medidas y procedimientos que contemplen al menos un análisis de las variaciones de las operaciones realizadas en relación con la información obtenida en oportunidad anteriores, la determinación del perfil transaccional y la identificación de operaciones que se apartan del perfil transaccional de cada cliente.
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