El Gobierno Nacional avaló la decisión de la Jueza electoral, María Servini de Cubría, los porteño que no voten en las elecciones internas del domingo 14 de agosto d e2011 no votarán en las elecciones generales del 23 de octubre. Florencio Randazzo, Ministro del Interior de la Nación, en una de sus últimas conferencias de prensa antes antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, reconoció que «habrá que respetar» la decisión de la jueza de prohibir que voten en octubre aquellos porteños que no concurran a las urnas este domingo.
Recordamos que la Jueza Federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el mes pasado dictaminó que aquellos porteños que no justifiquen por qué no fueron a votar en los comicios primarios no podrán hacerlo en las elecciones generales del 23 de octubre de 2011.
Randazzo, a los periodistas les admitió que:
- «Es una decisión de Servini de Cubría, nosotros no tenemos por qué opinar. Habrá que respetarla».
- «No me compete como Ejecutivo opinar sobre una decisión judicial».
Además el funcionario se refirió a las críticas de las agrupaciones más chicas por el piso de 1,5% de los votos requerido para poder participar del proceso electoral de octubre, asegurando que: «El único que proscribe es el ciudadano cuando vota».
Durante la semana, el Frente de Izquierda presentó ante el Tribunal electoral a cargo de la Jueza Servini de Cubría, y más de veinte juzgados federales electorales de todo el país, un recurso de amparo, donde solicitan que sea declarado inconstitucional el piso exigido del 1,5% de los votos válidos para las internas del 14 de agosto.
Indicando que, con la estipulación del piso «se está cercenando el derecho de los electores a que puedan elegir libremente a sus candidatos de acuerdo a sus convicciones políticas», lo que implica «un ataque al derecho de participación electoral que no tiene precedentes nacionales ni internacionales».
El Frente izquierdista sostiene que el Estado no puede obligar a los ciudadanos a participar de las internas de los partidos si estos no lo desean y, además, señalan que el requisito inédito de alcanzar 400.000 votos para poder participar en octubre de las elecciones nacionales atenta contra los derechos constitucionales y democráticos.
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