La Conferencia Episcopal Argentina comunicó que la Iglesia Católica no recibe más el aporte del Estado a partir de este año. Esta medida es el resultado de la terminación del proceso iniciado cinco años atrás renunciado a la asignación mensual que cobraban los arzobispos y obispos de todo el país. En los próximos meses también dejará de recibir otros acompañamientos.
El aporte recibido por arzobispos y obispos era de $55.000 mensuales. No obstante, la ayuda era menor para algunos seminaristas y párrocos de frontera.
La Conferencia Episcopal Argentina indicó que este aporte representaba un 7% del presupuesto de la Iglesia Católica en Argentina. Es decir, no era muy significativo pero generaba polémica en la sociedad.
El Artículo 2 de la Constitución establece que el Estado debe sostener el culto católico. En ese marco, la Ley 21.950 de 1979 otorgaba una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un Juez Nacional de Primera Instancia. Además, la Ley 21.540 de 1980 garantizaba una asignación del 70% a los arzobispos y obispos que cesan sus funciones por edad o invalidez.
En 2018, muchas personas solicitaron la separación de la Iglesia Católica del Estado Nacional. Por lo cual, la Iglesia renunció e inició un proceso para renunciar al aporte. Asimismo implementó un plan de autosostenimiento en base a la contribución de los fieles.
Paralelamente, en 2018, los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación autorizaron a toda religión reconocía por el Gobierno Nacional a recibir un aporte para el sostenimiento de su culto de los alumnos que asisten a colegios bajo su gestión.
El año pasado, la Secretaría de Culto dispuso transitoriamente una asignación de $98.000. La misma puede ser tramitada por arzobispos y obispos ancianos y con invalidez.
Pañuelos que solicitaban la separación de la Iglesia del Estado
Durante el tratamiento de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito nació el masivo reclamo por la separación de la Iglesia del Estado. El mismo era alentado con pañuelos color naranja.
Dicha movida fue la que llevó a la Iglesia a renunciar, algo que discutía desde los años 90s. La medida fue aprobada por abrumadora mayoría en un plenario de obispos en 2018.
