Las obras sociales mueven por mes mucha cantidad de dinero, nuevamente el Gobierno analiza controlar sus fondos. Evalúa impulsar un proyecto anterior para reformular el sistema y estabilizar los aportes y contribuciones que pasan directo a las manos de los sindicatos y de esta manera debilitar el poder a la Confederación General del Trabajo, CGT. Según publicación del Diario Clarín, el Poder Ejecutivo tiene otras propuestas entre las que se encuentra separar el patrimonio de las obras sociales y los sindicatos.
Después del gran triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las pasada elecciones primarias, el matutino indica que el Gobierno evalúa concentrar en el Estado Nacional la caja de las obras sociales que en la actualidad se encuentra en manos de los sindicatos y de esta manera debilita el poder de la CGT.
Otro de los ítems que amplia el proyecto plantea reformular la Ley de Asociaciones Profesionales, ampliando de esta manera la participación de las minorías en los gremios.
Clarín dice que fuentes allegadas al Gobierno les admitieron que circula un borrador, que fue elaborado por sectores juveniles vinculados al Ministerio de Economía, donde básicamente, plantea que los aportes y contribuciones que hoy van a las obras sociales, unos $30.000 millones al año, pasen al Estado.
La idea sería formar un superorganismo oficial de salud que contrate los servicios médicos, lo que en la actualidad lo hacen las obras sociales.
Con este traspaso y nuevo esquema aquellas obras sociales que cuenten con clínicas y farmacias propias podrían llegar a ser contratadas por este nuevo ente oficial como cualquier otro prestador privado.
El matutino señala que esta medida apunta a reforzar las finanzas públicas para enfrentar los eventuales impactos de la crisis internacional.
El Gobierno, complementariamente daría por cancelados los $6.000 millones que le adeuda a las obras sociales por el remanente del Fondo de Redistribución y que la CGT reclama de manera insistente.
Los beneficios en el sistema de salud, que generaría este proyecto serían múltiples. Por un lado sería suprimido el intermediario directo, sindicato, que actualmente recibe el dinero de los aportes y contribuciones y contrata profesionales y clínicas privadas, ya que muchas obras sociales no cuentan con infraestructura propia.
Clarín puntualiza que, cuando se presento la iniciativa se sostuvo que las obras sociales se encuentran salpicadas por casos de corrupción algo que con el nuevo sistema no existiría.
Si se llega a implementar este sistema, se debilitaría el poder económico y político de los sindicatos.
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muy bueno.