Estudiante leyendo libros

Proyecto de ley para arancelar las universidades a extranjeros

El Gobierno trabaja en un proyecto para arancelar universidades a extranjeros no residentes. También sería para el nivel obligatorio.

El Gobierno elabora un proyecto de ley para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes que asistan a universidades públicas. La medida fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni en abril de 2024 tras la primera marcha de universitarios contra políticas educativas de Javier Milei.

La decisión de arancelar las universidades a extranjeros formaba parte de la letra chica del proyecto original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. No obstante, se eliminó antes de la sanción de la Ley 27.742.

Su finalidad será reducir el costo que representan los extranjeros para el sistema educativo argentino. Además se pretenderá obtener más recursos para el financiamiento de las universidades.

Actualmente la educación es gratuita en Argentina para todos aquellos que habiten el país. Por ello, esta propuesta marcaría un cambio significativo. Sin embargo, aún no se ha especificado el monto exacto de los aranceles ni cuándo se presentará el proyecto.

Los ministerios de Educación y de Modernización del Estado trabajan en esta iniciativa. Conforme a lo transcendido, no sólo se aplicaría al nivel superior, también al obligatorio (primaria y secundaria).

Cobro de atención médica a extranjeros

El arancelamiento de las universidades va en línea con otras medidas aplicadas por algunas provincias argentinas. Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza cobra la atención médica a los extranjeros no residentes.

Reforma educativa

El proyecto de reforma educativa también propone un examen al finalizar la secundaria para fortalecer la evaluación Aprender. Asimismo contempla evaluaciones a docentes cada 4 años y un ciclo pedagógico obligatorio para nuevos docentes.

En caso de sancionarse, en las universidades públicas se establecerán evaluaciones externas, y las instituciones deberán proporcionar información para gestionar recursos.

Por otra parte, se plantea liberar la educación a distancia en ciertos niveles, y la educación técnica tendrá una duración máxima de un año adicional al secundario.