El Gobierno de Javier Milei anunció una nueva medida en el marco de la reducción del Estado. Se obligará a los empleados públicos en condiciones de jubilarse a iniciar el trámite correspondiente. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Federico Sturzenegger, llevará adelante la medida.
La Resolución 3/2024 establece un plazo de hasta 30 días hábiles para que estos empleados públicos inicien su jubilación.
Esta política forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Javier Milei para reducir los costos del aparato estatal y optimizar su funcionamiento. El anuncio se hace a pocos días de anunciar el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de un nuevo organismo con menos empelados públicos.
Empleados públicos intimados a jubilarse
El alcance de esta intimación se centra principalmente en los empleados de la Administración Nacional, que incluye tanto la Administración Central como los organismos descentralizados, entre ellos las instituciones de seguridad social. Asimismo, se extiende a entes públicos no empresariales que posean autarquía financiera, y en los que el Estado nacional tenga control mayoritario sobre el patrimonio o en las decisiones clave.
Por otro lado, también se verán afectados los empleados de empresas estatales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y cualquier otra entidad empresarial donde el Estado nacional tenga una participación relevante en la toma de decisiones.
Excepciones y exclusiones
Sin embargo, no todos los empleados públicos estarán sujetos a esta medida. Según la normativa, quedan excluidos aquellos que trabajan en fondos fiduciarios que se componen mayoritariamente de bienes o fondos del Estado nacional. Podrán eximir a los titulares del SINEP y a cargos ejecutivos hasta Coordinador, siempre que continúen ejerciendo sus funciones.
Los funcionarios de rango no inferior a Secretario podrán solicitar una prórroga excepcional de seis meses para empleados públicos estratégicos.