El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas por denuncias falsas, particularmente en casos de violencia de género. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa y subrayó la necesidad de que estos delitos no queden impunes.
La propuesta presentada propone modificaciones al Código Penal. Ésta fue elaborada por una comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky e integrada por expertos como Ricardo Basílico, Valeria Onetto y Fernando Soto.
El proyecto busca establecer penas más severas para el falso testimonio y las denuncias malintencionadas que afecten gravemente a las personas acusadas.
El impacto de las denuncias falsas por violencia de género
Durante su discurso en el Senado, Cúneo Libarona describió los efectos devastadores de las denuncias falsas, como el daño a la reputación, la pérdida de empleo, el alejamiento familiar y, en casos extremos, el suicidio.
El ministro también criticó lo que denominó una «radicalización» en ciertos sectores que promueven el lema «yo te creo hermana». Según su visión, esta postura ha llevado a que algunas denuncias falsas desacrediten a las verdaderas, perjudicando a las víctimas reales.
La reforma incluye un agravante específico para los casos de falsas denuncias en violencia de género debido al daño adicional que generan. Este endurecimiento también aplicará a acusaciones contra funcionarios públicos y situaciones que provoquen la ruptura de relaciones familiares.
Cambios en el Programa Acompañar
En paralelo a estas reformas, el Gobierno modificó el Programa Acompañar mediante el Decreto 755/2024 este año. Entre las modificaciones, se redujo el período de asistencia económica de seis a tres meses y se estableció como requisito obligatorio una denuncia judicial o policial para acceder al beneficio.
Adicionalmente, las solicitantes deberán acreditar la situación de riesgo mediante informes de dispositivos oficiales de atención a las violencias de género.
Conforme a las autoridades estos cambios buscan optimizar el uso de los recursos estatales y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesiten. No obstante, algunos indicaron que generará la radicación de denuncias falsas, lo cual se combatiría con el agravamiento de las penas.
