El Gobierno de Javier Milei anunció que implementará cambios en el régimen migratorio. Como parte de los mismos, se cobrarán servicios de salud y educación universitaria a extranjeros no residentes. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta medida busca priorizar el acceso de los argentinos y generar fuentes de financiamiento para las instituciones públicas.
Educación universitaria con aranceles para extranjeros
Las universidades nacionales estarán habilitadas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Este cambio tiene como objetivo aliviar la carga financiera de las instituciones educativas. “En algunas facultades, como la de Medicina, uno de cada tres estudiantes es extranjero”, señaló Manuel Adorni.
El proyecto había sido mencionado anteriormente en la discusión de la Ley de Bases, pero fue excluido en la versión final de la Ley 27.742. Sin embargo, el Gobierno ahora avanza en su implementación como política específica.
Salud pública arancelada para no residentes
En cuanto a la atención médica, los organismos nacionales, provinciales y municipales podrán determinar las condiciones de acceso al sistema de salud. Esto incluye la posibilidad de cobrar los servicios a extranjeros no residentes. Adorni destacó el caso de Salta, donde una medida similar redujo en un 95% la atención médica a extranjeros, generando un ahorro de $60 millones.
«Nos despedimos de los famosos tours sanitarios», afirmó el vocero presidencial.
Recordemos que, además de Salta, las provincias de Jujuy, Santa Cruz y Mendoza ya han arancelado la atención médica a extranjeros no residentes.
Cambios en el control migratorio
El Gobierno también anunció modificaciones en el ingreso y permanencia de inmigrantes. Entre las medidas previstas, se incluirán nuevos delitos como causales de expulsión o prohibición de ingreso al país. Según Adorni, estas medidas apuntan a fortalecer la seguridad y el respeto por las instituciones democráticas.
Asimismo, se intensificará el control fronterizo para impedir la entrada de personas con documentación falsa o con fines distintos a los declarados en los trámites migratorios.
