El Gobierno de Javier Milei oficializó la implementación de un examen de idoneidad para evaluar las competencias de los empleados públicos. La medida, adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni en octubre pasado, será aplicada inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta forma se promoverá un empleo público más eficiente, transparente y de calidad.
La toma de un examen de idoneidad a empleados públicos se materializó con la Resolución 26/2024. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado emitió dicha normativa.
Según fuentes oficiales, el examen no funcionará como un filtro, sino como un requisito obligatorio para los empleados públicos. El cronograma definitivo será comunicado próximamente a través del sitio oficial Argentina.gob.ar.
La iniciativa forma parte de un plan mayor para reducir el déficit fiscal y reorganizar el aparato estatal. Su implementación sigue a la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida, que busca optimizar los recursos humanos en el sector público.
Características del examen a empleados públicos
El examen se realizará de forma presencial, bajo un sistema de anonimato y en formato digitalizado. Identificarán a cada participante únicamente después de que reciba su calificación, garantizando transparencia en el proceso.
Este examen se dividirá en dos formatos según el perfil del trabajador: uno para administrativos y otro para profesionales. Entre las habilidades evaluadas se encuentran:
- Comprensión lectora.
- Razonamiento lógico-matemático.
- Conocimiento de administración pública (para profesionales).
Los resultados estarán disponibles de forma online. Para aprobar, será necesario obtener un puntaje mínimo de 60 sobre 100. Los empelados públicos que aprueben recibirán un certificado digital único con un código homologado por la Secretaría de Transformación del Estado.
Trabajadores que deberán rendir el examen de idoneidad
En la primera etapa, la evaluación alcanzará a aproximadamente 40.000 empleados de planta transitoria, contratados y monotributistas, cuyos contratos vencen a fin de año. Se permitirá rendir el examen hasta tres veces.
De acuerdo a lo transcendido, se analiza extender los contratos de quienes no aprueben en el primer intento.
Además, el examen será un requisito obligatorio para quienes deseen ingresar al sector público, junto con la presentación de un certificado de antecedentes penales. Por el momento, los trabajadores con certificado único de discapacidad (CUD) están exceptuados hasta que se adapten los procedimientos para garantizar accesibilidad.
ATE en contra de esta medida
Daniel Catalano, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital, habló sobre estos exámenes con Futurock. El sindicalista afirmó que los empelados estatales piensan cada tres meses que pueden quedar sin trabajo.
Catalano recalcó que, de ser necesario, va a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a sus compañeros que estén rindiendo.
