La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) implementó modificaciones significativas en sus programas destinados a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El organismo dejó sin efecto normativas previas para dar lugar a un nuevo reglamento que promueve mayor celeridad, eficacia y transparencia en los procesos administrativos.
Nuevos lineamientos para el uso de fondos para titulares de CUD
Los cambios aplicados por la Resolución 2342/2024 afectan directamente al Fondo Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS). El mismo es financiado por multas administradas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sus recursos se destinan a proyectos que favorecen la inclusión social y económica de personas con discapacidad titulares de un CUD.
El reglamento actualizado establece dos modalidades principales de subsidios:
- Personas humanas: Para quienes el subsidio puede incluir transferencias directas a cuentas bancarias o la provisión de bienes y servicios. Para acceder al beneficio es indispensable contar con un CUD.
- Personas jurídicas: Incluye a organizaciones sociales y organismos gubernamentales, enfocadas en promover la vida autónoma y la inclusión laboral.
Claves del nuevo reglamento operativo
- Plazos claros y procesos transparentes: El ciclo de desarrollo de los programas incluye una planificación anual, convocatorias abiertas durante 30 días y la obligatoriedad de rendir cuentas según los requisitos establecidos.
- Enfoque en la rendición de cuentas: Tanto personas físicas titulares de un CUD como jurídicas deben presentar documentación detallada que certifique el uso correcto de los fondos. Se prohíbe el uso para fines no autorizados y se exige la compra de bienes nuevos.
- Requisitos específicos: Para personas con CUD, se priorizan las situaciones de vulnerabilidad social. Las organizaciones deben acreditar solvencia legal y financiera antes de recibir los fondos.
Objetivo de los cambios buscados por Andis
Con esta actualización normativa, Andis busca garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, promoviendo una mayor inclusión. Estas medidas también apuntan a reducir trabas burocráticas, optimizando la intervención estatal en favor de las personas con discapacidad.
Conforme al organismo, este avance refuerza el compromiso del organismo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y la igualdad de oportunidades.
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