El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, aplicó un recorte significativo del 59,3% al Programa Volver al Trabajo. Así lo confirmó un informe difundido por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). Este ajuste se debe al congelamiento del monto del ex Potenciar Trabajo, que continúa en $78.000 desde diciembre de 2023.
De Potenciar Trabajo a Volver al Trabajo
El Programa Volver al Trabajo se implementó en febrero de 2024 mediante el Decreto 198/2024. Su creación se debió a la percepción oficial de que Potenciar Trabajo no alcanzó los objetivos deseados. Según cifras oficiales, únicamente el 1,3% de los 1.400.000 beneficiarios de dicho plan logró acceder a un empleo formal.
Volver al Trabajo está dirigido a personas de hasta 49 años que anteriormente formaban parte de Potenciar Trabajo. En tanto, los mayores de esa edad y las mujeres con cuatro o más hijos menores a cargo fueron derivados al Programa de Acompañamiento Social. A diferencia de su antecesor, excluye la intermediación de organizaciones sociales.
Capital Humano exige que los beneficiarios se inscriban directamente en el Portal Empleo y realicen cursos de formación a distancia.
Impacto del congelamiento y pérdida del poder adquisitivo
El monto mensual de $78.000 que perciben los beneficiarios de Volver al Trabajo no ha sido actualizado desde su implementación. En un contexto inflacionario, esta decisión generó una caída del 59,3% en el poder adquisitivo de la prestación en términos reales, según el análisis de la OPC.
Además, esta política eliminó el pago de aguinaldos o bonos de fin de año que solía otorgar la anterior administración. Esta ausencia de complementos salariales profundiza aún más la pérdida económica de los titulares del programa.
Consecuencias sociales y económicas del recorte
El recorte presupuestario y la falta de actualización de los montos han generado críticas desde diversos sectores. Analistas sociales advierten que esta política podría dificultar la reinserción laboral de los beneficiarios en un contexto de alta desocupación. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales, que anteriormente administraban Potenciar Trabajo, han manifestado preocupación por la exclusión de su participación.
Por otro lado, el Gobierno argumenta que estas medidas buscan fomentar la autonomía de los beneficiarios y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
