Titular del Plan Acompañar

La Justicia ordenó al Gobierno regularizar el pago del Plan Acompañar

La Doctora Tamara Bezares informó que un fallo judicial ordenó que el Ministerio de Justicia regularice el pago del Plan Acompañar.

El Juzgado Federal N°1 resolvió que el Ministerio de Justicia deberá garantizar el pago del Plan Acompañar. Esta medida responde al reclamo presentado por organizaciones que defienden los derechos de las víctimas de violencia de género. La Doctora Tamara Bezares informó que el fallo asegura la continuidad de esta política pública.

Información sobre el Plan Acompañar

El Plan Acompañar fue diseñado para brindar asistencia económica y contención a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia.

En 2024, el Plan Acompañar fue modificado por el Decreto 755/2024. Entre los principales cambios, se redujo la duración de su cobertura de seis a tres meses para nuevas beneficiarias. Además, se estableció la obligatoriedad de presentar una denuncia policial y un informe social como requisito para acceder al beneficio.

Estas nuevas condiciones generaron críticas por parte de especialistas y organizaciones sociales. Argumentan que muchas víctimas temen denunciar sin antes contar con acompañamiento psicológico y legal, lo que podría dificultar el acceso al programa.

El monto de la cuota del Plan Acompañar equivale a un salario mínimo, vital y móvil. Por ello, por la Resolución 17/2024, el beneficio subirá a los siguientes montos:

  • Enero de 2025: $286.711.
  • Febrero de 2025: $292.446.
  • Marzo de 2025: $296.832.

Un fallo clave para las políticas de género

El Plan Acompañar enfrenta demoras significativas en los pagos tras el cambio de Gobierno. Según Tamara Bezares, el libramiento de los pagos destinados a las beneficiarias permanecen retenidos en la Secretaría de Gestión Administrativa.

Con esta decisión judicial, el Gobierno está obligado a liberar los pagos pendientes y garantizar el cumplimiento de las políticas de género.

El reciente fallo representa un avance en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. También refuerza la importancia de que el Estado garantice la continuidad de políticas públicas que permitan a las personas en situación de vulnerabilidad acceder a protección y asistencia económica.

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