El Gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto de reforma a la Ley de Migraciones que endurecerá los requisitos para el otorgamiento de residencias a extranjeros. Además, la iniciativa incluye la implementación de aranceles para servicios públicos de salud y educación universitaria destinados a extranjeros no residentes.
Esta iniciativa será presentada para que sea tratada por el Congreso durante las próximas sesiones ordinarias.
Restricciones de residencias a extranjeros
El proyecto que modifica la Ley 25.871 establece un régimen más estricto para la concesión de residencias, con foco en estudiantes extranjeros. Según las autoridades, en administraciones anteriores no se realizaron controles rigurosos sobre la documentación presentada, lo que permitió que algunos inmigrantes obtuvieran la residencia tras cursar estudios durante periodos muy breves.
Además, se propone limitar el acceso a la residencia para inmigrantes en situación irregular, incluso aquellos con hijos nacidos en el país. Actualmente, los trámites exigen documentación como el pasaporte, certificado de antecedentes penales y acta de nacimiento del hijo argentino.
Refuerzo de controles fronterizos y seguridad
Otra de las propuestas incluidas en el proyecto es el fortalecimiento de los controles fronterizos, especialmente en la región norte del país. En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Plan Güemes en la provincia de Salta, que incluye el despliegue adicional de fuerzas de seguridad para reforzar las fronteras con Bolivia.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de vigilancia y control en las fronteras y el interior del país. Estas acciones buscan combatir el narcotráfico y prevenir la entrada de organizaciones terroristas internacionales, señaladas como una amenaza a la seguridad nacional.
Migrantes venezolanos
A pesar del endurecimiento general de las políticas migratorias, el Gobierno implementó en septiembre de 2024 un régimen especial para facilitar la regularización de migrantes venezolanos. Este programa les permite ingresar y legalizar su situación incluso con documentos vencidos, beneficiando a unos 20.000 migrantes en situación irregular.
Cobro de salud y educación a extranjeros
El cobro de aranceles para el acceso a la salud y educación universitaria por parte de extranjeros no residentes es uno de los puntos más controvertidos de la propuesta. Según el Gobierno, esta medida permitiría garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos y atender de manera prioritaria a los residentes.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esta medida busca aliviar la carga financiera del sistema público y priorizar a los ciudadanos argentinos. Sin embargo, críticos señalan que en las universidades nacionales no hay estudiantes no residentes, por lo que el impacto real del arancelamiento es cuestionable.
