El gobierno de Javier Milei está trabajando en un proyecto de ley que promete transformar profundamente el marco de derechos laborales en Argentina. Bajo el concepto de «discriminación positiva», la administración busca eliminar normativas que otorgan cupos laborales a determinados grupos de la población, como personas con discapacidad y colectivos trans, entre otros.
El proyecto, denominado Igualdad ante la Ley, tiene como objetivo principal derogar el artículo 8 de la Ley 22.431, que establece un cupo del 4% de empleos públicos para personas con discapacidad. Este artículo, además, había sido fortalecido por la Ley 25.689 en 2003, que garantizaba el cumplimiento efectivo de este cupo al exigir informes sobre la cantidad de puestos ocupados por personas con discapacidad y priorizar su ingreso en caso de incumplimientos.
Sin embargo, el Ejecutivo considera que estas medidas constituyen un trato diferencial que no se alinea con su visión de igualdad.
Impacto en la inclusión laboral de personas con discapacidad
La propuesta no se limita únicamente a las personas con discapacidad. También busca derogar la Ley 27.636, que establece un cupo mínimo del 1% de empleos en el Estado Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero, sancionada en 2021.
Desde el gobierno sostienen que estas normativas responden a políticas ideológicas que «distorsionan» los principios de igualdad ante la ley.
En la Casa Rosada, argumentan que la única variable a considerar para el ingreso a los empleos públicos debe ser la idoneidad. Es decir, no debe importar el género, la orientación sexual o la condición física de los postulantes. Este enfoque, aseguran, se alinea con la filosofía de gestión que impulsa el presidente Javier Milei.
Un cambio que genera debate
La eliminación de estos cupos laborales para personas con discapacidad es parte de una estrategia más amplia que busca revisar diversas normativas relacionadas con la inclusión y la igualdad. Entre las leyes que el Ejecutivo planea modificar o eliminar se encuentran la Ley Micaela (27.499), que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos, y la Ley de Paridad Electoral (27.412), que garantiza la representación equitativa de géneros en las listas electorales.
También está en la mira el DNI no binario, implementado a través del Decreto 476/2021. El mismo incorporó una tercera opción en los documentos oficiales.
Polémica por las PNC con discapacidad
La actual administración está implementando una serie de polémicas medidas relacionadas con las personas con discapacidad. Como parte de las mismas, se eliminó la compatibilidad de la Pensión no Contributiva (PNC) por invalidez laboral con el empleo formal.
Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está realizando auditorías entre los beneficios otorgados.
