El Ministerio de Capital Humano confirmó la legalidad de las bajas de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social a piqueteros conforme a la ley vigente. No obstante, la Justicia dio lugar a una medida cautelar para que no se suspenda el ex Potenciar Trabajo a quienes participen en el corte de calles.
Fallo judicial contra las bajas de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social
El 28 de febrero de 2025, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que impide al Gobierno suspender el pago de Acompañamiento Social y Volver al Trabajo a quienes participen en cortes de calles o protestas. El magistrado argumentó que estas medidas podrían atentar contra el derecho de defensa y generar un daño irreparable en los beneficiarios en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, Capital Humano cuestionó el fallo y confirmó que apelará la decisión. Según el comunicado oficial, el derecho a ser oído no está afectado. Esto es porque el Decreto 198/2024 sólo exige que los beneficiarios respeten la ley y no participen en piquetes o actos de violencia.
Capital Humano ratifica su postura contra los cortes de calles
Desde el Ejecutivo remarcaron que no se está castigando la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, sino que se busca evitar abusos y extorsiones por parte de organizaciones sociales. Además, señalaron que la resolución judicial no cuestionó otras causales de baja, como la detección de viajes al exterior, lo que evidenciaría un trato diferencial a favor de las organizaciones que convocan a piquetes.
Capital Humano reafirmó su compromiso con la transparencia y el uso legítimo de los programas sociales. Por esta razón, continuará impulsando medidas para evitar que se utilicen con fines políticos o extorsivos.
Ante la suspensión cautelar de estas bajas de Volver al trabajo y Acompañamiento Social, el Gobierno confirmó que apelará la decisión del juez Cormick. Mientras tanto, los beneficiarios deberán seguir cumpliendo con los requisitos establecidos para permanecer en los programas. Es decir, no pueden participar en piquetes que alteren el orden público.
