La Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó, por unanimidad, el abandono de la provincia al Pacto Fiscal vigente desde agosto de 1992, por el que se destina el 15% de la masa de recursos coparticipables a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. De esta forma la administración de Juan Manuel de la Sota, Gobernador le pone punto final al acuerdo y no girará los fondos a la Nación, pero en definitiva la encargada de determinar esto será la Corte Suprema de Justicia Nacional.
La Legislatura de la provincia de Córdoba, por unanimidad aprobó dejar sin efecto el acuerdo firmado en el año 1992 y no transferirá más el 15% de la masa de recursos a la ANSES, ahorrándose unos $2.000 millones en este año.
Córdoba pasa a ser la primera provincia en que se aparta del Pacto Fiscal que ya lleva dos décadas de ser aplicado, pero la decisión final la debe tomar en última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación que será la encargada de dictaminar si los fondos retenidos deben volver o no al Estado.
De acuerdo a lo estimado por fuentes del oficialismo provincial la deducción de recursos implica una pérdida de aproximadamente $2.000 millones en todo 2012, monto superior al déficit del sistema previsional local.
La sesión en la Legislatura provincial se desarrolló con la inesperada visita del gobernador José Manuel de la Sota, quien declaró a la prensa que: «el único camino es el dialogo y yo voy a estar sentado en cualquier mesa de negociación».
La «denuncia» del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por extinguida la vigencia del acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno nacional deje de retenerle el 15% de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.
Durante el año 1992 , mas precisamente en agosto, los estados provinciales cedieron el 15% para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, AFJP.
Pero una vez, que en noviembre de 2008, se re estatizó el sistema previsional, ese 15% no volvió a las provincias, a pesar de que muchas, tal el caso de Córdoba, tienen su propio sistema previsional desfinanciado.
Debido a que, hace un año y medio, que el Gobierno Nacional no le envía a Córdoba, los recursos comprometidos para que la provincia pueda pagar los haberes a sus jubilados, De la Sota decidió reclamarlos ante la Corte Suprema de Justicia.
Y además, tal como le sugirieron y criticaron los opositores a su gobierno, debía reclamar también el 15% de la coparticipación.
Tal es así, que el día miércoles pasado, De la Sota envió a la Legislatura el proyecto de ley para utilizarlo como prueba y antecedente en un eventual reclamo de esos recursos ante el máximo tribunal judicial de la Nación, tal como señaló Ricardo Sosa, legislador provincial oficialista.
E·n el debate de la Legislatura no se hicieron presentes los representantes alineados en la agrupación kirchnerista Kolina, ya que no aprobarán la iniciativa que generará rispideces con el Gobierno nacional.
Oscar González, jefe de Gabinete provincial, detalló los pasos a seguir:
- «primero, notificaremos a todas las jurisdicciones; segundo, intimaremos a la Nación; y tercero, recurriremos a la Corte Suprema».
La Procuración General de la Nación, jefatura de los fiscales, por su parte, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver la demanda del Gobierno de Córdoba contra la administración de Cristina Fernández por una deuda de más de $1.000 millones del sistema previsional.
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