Ayer jueves, La Legislatura de la provincia de buenos Aires, aprobó la “Ley de Hábitat” que prevé que los barrios privados y countries deberá entregar tierras o dinero para construir viviendas sociales y que los terreno vacios por más de cinco años sean expropiados por el Gobierno bonaerense. La normativa es para «paliar el déficit habitacional en la provincia a través de la construcción de nuevas viviendas y la urbanización de villas y asentamientos».
La Legislatura bonaerense aprobó la «Ley de Hábitat» por la cual, los baldíos podrán ser expropiados para construir viviendas sociales.
Con cinco votos del bloque del Frente para la Victoria, FpV, el senado provincial logro transformar en Ley el proyecto, a pesar de que sectores de la oposición e incluso del oficialismo bonaerense insistían en la necesidad de introducir cambios en la norma, que finalmente se aprobó.
La normativa a través de una cláusula dispone que aquellos grandes emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen en la Provincia se encontrarán obligados a ceder tierras o abonar una «compensación monetaria» para la construcción de «viviendas sociales».
La iniciativa apunta a que las Municipalidades se puedan hacer de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, los cuales se utilizarán para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación.
De promulgarse la Ley, countries, barrios cerrados, clubes de campo y grandes emprendimientos inmobiliarios, que superen los 5.000 metros cuadrados, se verán obligados a ceder un 10% de su superficie neta o su equivalente en dinero para viviendas sociales.
La norma principalmente promueve la generación de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios, para abordar integralmente la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas, desalentando las prácticas especulativas de valorización del suelo.
También, prevé la expropiación de terrenos baldíos si se detecta que los propietarios no los utilizan para edificar o si las obras que se hayan iniciado en esos lotes hayan estado paralizadas por más de cinco años.
Los municipios, desde que entre en vigencia la norma, podrán aplicar un gravamen especial sobre el inmueble que será progresivo en el tiempo, mediante el aumento de la alícuota por un plazo de cinco años consecutivos, y cuyo valor será fijado en la Ordenanza Impositiva, no pudiendo el mismo ser superior la 50% de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para ese período de tiempo.
Semanas atrás, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense, pero Daniel Scioli, Gobernador de la provincia, subrayó la necesidad de garantizar que en la norma «no se viola la propiedad privada ni derechos adquiridos» y que tampoco será obligatoria la cesión de tierras por parte de los nuevos emprendimientos.
Por lo que, el Gobernador sostuvo que:
- «la provincia debe seguir atrayendo inversiones» y que si hay que hacer una corrección están los instrumentos para hacerlo e inclusive no descartó un veto parcial.
- «Necesitamos que siga la inversión pública y también mucha inversión privada, muchos desarrolladores».
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