Los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentaron en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, AGTSyP, un proyecto de Ley que apunta a modificar los contratos de alquiler porteños. La iniciativa fija tres años como plazo mínimo, estableciendo que el valor del alquiler no podrá ser mayor al 0.7% del valor inmobiliario de referencia del inmueble. Además, contempla que las casas desocupadas por más de un año, sean gravadas por un impuesto triplicado.
Legisladores y sindicalistas presentaron un proyecto de Ley para regular os alquileres porteños, apuntando a entre otras cosas ampliar el mínimo establecido en los contratos de vivienda y ponerle un tope mensual.
Pasarán de dos años a tres el plazo para contratar viviendas familiares y el valor del alquiler mensual no podrá superar el 0.7% del valor inmobiliario.
Las viviendas deshabitadas por mas de un año serán gravadas por el triple de su impuesto inmobiliario.
Aníbal Ibarra, legislador del Frente Progresista Popular, FPP, fundamentó el proyecto diciendo que:
- “Esta ley viene a equilibrar un mercado en el que el gobierno porteño ha dejado que el libre juego del mercado especule sobre su propia falta de políticas habitacionales».
- «la Ciudad de Buenos Aires tiene un claro desequilibrio en el mercado de los alquileres, en el que los inquilinos deben cumplir con condiciones cada vez más costosas, mientras que muchas viviendas permanecen ociosas por la especulación inmobiliaria». «Esa situación debe ser subsanada por el Estado, que es quien debe garantizar el derecho a una vivienda digna».
Por su parte, María Elena Naddeo, legislador del FPP, fundamentó la presentación de la iniciativa con una denuncia:
- «Las constructoras han elegido realizar torres de departamentos suntuosos en lugar de viviendas familiares, y el gobierno porteño nunca presentó un proyecto de soluciones habitacionales que compense eso ni intentó regular el mercado para evitar este desequilibrio».
Edgardo Form, legislador de Nuevo Encuentro, NE, se adelantó a las críticas y aclaró que:
- «Esta no es una norma contra los propietarios, es una norma para proteger a los inquilinos, para garantizar que todos los porteños puedan acceder a un techo».
Eduardo López, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, consideró que:
- el proyecto «piensa en la familia de muchos laburantes que no pueden acceder a los pocos planes de vivienda del gobierno porteño y que terminan en un mercado de alquileres donde, a falta de un Estado presente, el mercado les impone las condiciones que se le cantan».
- «Creemos en un Estado garante de la igualdad de oportunidades, en un Estado presente que evite abusos sobre los más débiles; por eso los trabajadores apoyamos esta norma y alentamos la regulación del mercado inmobiliario por parte del Estado».
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