Los inversores deberán inscribirse en un registro para controlar el pago de ganancias.
La AFIP prepara un régimen informativo para que los fideicomisos, una de las herramientas más importantes de los últimos años por la que se canalizó la inversión pública y privada, tengan que inscribirse ante el fisco. Con estos datos, el organismo que conduce Alberto Abad pretende tener en su base de datos la información de los inversores (o fiduciantes), para establecer si están cumpliendo o no con el pago del impuesto a las ganancias.
Se imitaría el régimen informativo establecido para controlar el sector de compra-venta de inmuebles, por el cual se obligó a las inmobiliarias a empadronarse. El segundo paso en ese sendero consistirá, a partir de 2008, en que los vendedores de una propiedad informen el monto por el cual pretenden transferirla para que luego no la escrituren a un valor menor.
Una fuente de la AFIP le dijo a LA NACION que en el caso de los fideicomisos «hay demasiada gente utilizando este instrumento para eludir el pago de ganancias, y eso debe terminar».
De todos modos, según especialistas del sector privado la AFIP podría sin ninguna normativa adicional controlar si los inversores que participan de fideicomisos pagan o no ganancias, con sólo pedirles la lista a los que arman cada uno de estos fondos. «La idea es que sean ellos los que vengan acá», retrucó la fuente oficial.
La otra herramienta en estudio, más compleja, tiene que ver con el tratamiento tributario de los fideicomisos financieros que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
En ese sentido, el nuevo equipo económico, que conduce Martín Lousteau y que asumirá hoy, cree que hay que gravar con el impuesto a las ganancias -como ocurre con los títulos de deuda- los certificados de participación en estos fideicomisos, que le otorgan a su tenedor los derechos sobre los ingresos generados por la inversión.
Al respecto, la Comisión Nacional de Valores dictó una resolución para obligar a que los certificados de participación se ofrezcan al público en general (y no sólo a los inversores calificados) y que cuenten con una calificación de riesgo.
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