El proyecto de Ley que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, el cual establece un aumento impositivo a los productos electrónicos importados o nacionales pero fabricados fuera de Tierra del Fuego vuelve a foja cero. El expediente volverá a ser tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para regresar a su versión original y, en caso de ser aprobado por la Cámara alta, deberá volver a ser votado por Diputados con las modificaciones.
El proyecto de Ley del impuestazo tecnológico fue resistido por todas las cámaras importadoras de electrónica y por los fabricantes de todas las provincias, con excepción por supuesto de los de Tierra del Fuego. Al que luego se le agregó un cambio de último momento solicitado, y luego desmentido, por el Ministerio de la Producción de Débora Giorgi para incluir en la promoción industrial a los aire acondicionados de hasta 18.000 frigorías.
La modificación, que también fue votada por la Cámara de Diputados, fue denunciada anónimamente como un supuesto beneficio encubierto a la firma BGH.
Cuando el proyecto, la semana pasada, estaba dispuesto a convertirse en Ley en el Senado, la sesión fracasó por falta de quórum. Ya que los radicales se negaron a bajar al recinto con la denuncia anónima en mano y al oficialismo le faltaron siete senadores propios.
Miguel Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista, resolvió volver a convocar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen nuevamente pero con la redacción original, es decir, incluyendo beneficios pero para aire acondicionados hasta 3.000 frigorías.
De esta manera, el proyecto que califica a los equipos electrónicos como artículos suntuarios (teléfonos celulares, computadoras de escritorio, electrodomésticos, DVD, menos las notebooks, que fueron exceptuadas en Diputados) y les aplica impuestos internos y sube el IVA del actual 10,5% al 21%, no logró ser convertido en ley.
La semana pasada en el Senado, no alcanzó la presencia de la gobernadora de Tierra del Fuego. Así, el kirchnerismo sigue en deuda con el ARI fueguino que aportó votos clave para que Cristina de Kirchner gozara por un año más del ejercicio de facultades delegadas, incluida la aplicación de retenciones móviles sin la intervención del Congreso, potestad que le permitirá recaudar unos 20.000 millones de pesos anuales.
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