En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se está debatiendo dos proyectos de para modificar la Ley de Alquileres. El oficialismo busca para que los inquilinos no paguen más las comisiones de la inmobiliaria a la hora de firmar los contratos, al igual que en la Capital Federal y la oposición agrega la bancarización de las operaciones.
Recordemos que actualmente en la provincia, al contrario de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, los honorarios suelen pagarlo los inquilinos.
Una de las iniciativas es del legislador oficialista, Manuel Mosca, que es presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y busca emular la ley que la Ciudad de Buenos Aires votó en agosto pasado.
Por otro lado, se prevé modificar la ley de los colegios de martilleros y el régimen de multas para las inmobiliarias que infrinjan las leyes.
La Asociación de Inquilinos de La Plata, a su vez presentó su propio texto con el apoyo de los diputados opositores, José Ottavis y Rocío Giaccone. Durante el debate se logró consenso y se agregó la cuestión del pago de la comisión sea bancarizado.
La iniciativa fija la comisión entre el 2% y 4% del contrato, el cual deberá ser abonado por el propietario, al igual que los honorarios, gestiones y otros cargos generales, tales como certificaciones de firmas y los informes de dominio, siempre y cuando el que el que alquile sea una «persona humana».
El proyecto opositor coincide en que el locatario no deberá pagar los honorarios ni gastos de gestión, y remarca que la solicitud del informe de dominio en el Registro de la Propiedad será sin costo alguno para el inquilino si es para vivienda única.
Cabe señalar que si bien la ley provincial actual establece las comisiones de entre el 2 y 4 porciento, se establece que la abone en porcentajes iguales entre el locador y el locatario, pero deja abierta la posibilidad de que una de las partes se haga cargo del total. En la práctica, la misma cayó en los inquilinos.
El proyecto kirchnerista crea una Oficina de Viviendas en Alquiler para centralizar en parte la política habitacional, estableciendo que los locadores y las inmobiliarias utilicen las empresas del sistema bancario y los medios de pago del sistema para las operaciones. Para ello los propietarios deberán abrir una cuenta bancaria donde recibirán los pagos del alquiler, comisiones y otros gastos.
Este proyecto se fundamenta en las quejas de los inquilinos que indican que la informalidad de los alquileres impide conseguir facturas para deducir del Impuesto a las Ganancias.
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