El Senado de la Nación a través de un plenario de cinco comisiones pretende avanzar en un acuerdo para aplicar una tarifa social con descuentos en el consumo de gas y de luz, pretendiendo emitir un dictamen con la firma de los bloques de la oposición y del oficialismo. La iniciativa establece la reducción en cerca de un 60% en la tarifa de esos servicios para los usuarios en situación de vulnerabilidad económica.
Desde el Senado avanzan en llegar a un acuerdo para aplicar una tarifa social, con importantes descuentos para sectores de bajos recursos.
Se encuentran tratando de conciliar los proyectos presentados en conjunto en un borrador, por Luis Naidenoff y Gerardo Morales, radicales; Sonia Escudero, Peronismo Disidente y Daniel Filmus, kirchnerista, los que podrían convertirse en dictamen y quedar listo para pasar al recinto si pulen algunas cuestiones pendientes.
Las diferencia principales se encuentran en la financiación, por lo que se evalúa dejarla para que se trate luego, a través de un nuevo proyecto de ley, cuando ya haya concluido el relevamiento de beneficiarios y estimado con mayor precisión el costo de la iniciativa.
Además, existían diversos criterios con la autoridad de aplicación y finalmente ganó terreno la intención de ubicarla en el Ministerio de Desarrollo Social, aunque el neuquino Horacio Lores pidió agregar la posibilidad de que lo definan las provincias. En principio se asignará la reducción a los que cobren menos del salario mínimo, los desempleados, beneficiarios planes sociales y personas con capacidades diferentes, entre otros.
Luis Naidenoff, argumentó que: «Es una gran materia pendiente del Congreso de cara a la sociedad. El subsidio tiene que llegar a las personas en situación de vulnerabilidad», en referencia a las distorsiones generadas por el esquema actual, regido por los niveles de consumo. Aunque en muchos casos a las familias de bajos recursos no les llega porque no tienen acceso al gas y utilizan más electricidad o porque un solo medidor registra el servicio para una mayor cantidad de personas, entre otros motivos.
Sonia Escudero, afirmó que: «Impulsamos este proyecto hace muchos años, es una cuenta pendiente para que los subsidios se apliquen a los que verdaderamente los necesitan».
Los impulsores del proyecto coincidieron en que, de aprobarse en las dos cámaras, aportaría un «horizonte de previsibilidad» que funcionaría como un primer paso para destrabar parte de los millonarios subsidios a las prestadoras.
También contempla el gas licuado de petróleo, la llamada garrafa social, cuyos precios se dispararon e este invierno.
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