El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, brindó una entrevista a Ámbito Financiero en la cual despejó una serie de dudas respecto a los programa puestos en marcha en medio de la pandemia del coronavirus. En la misma, el funcionario aclaró de qué se trata el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) y aclaró que, a pesar de una serie de falsas publicaciones al respecto en algunos portales, no se hace un pago a los ciudadanos inscriptos.
El ReNaTEP es un sistema registral que formaliza a trabajadores sin generar derechos laborales.
Al completar el formulario de inscripción al ReNaTEP por Internet desde la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social, el titular puede facturar sin pagar impuestos por el plazo de 24 meses. De esta forma, una persona que está en la economía informal puede emitir facturas por sus actividades comerciales sin afrontar una carga tributaria.
Daniel Arroyo indicó que este programa esta focalizado a unas seis millones de personas de todo el país.
Para anotarse, el ciudadano no debe contar con un empleado en relación de dependencia ni estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como autónomo o monotributista. Este programa le da derecho a aquel que se registró en el monotributo social pueda acceder a créditos no bancarios, capacitaciones y cobertura médica de una obra social.
En poco tiempo desde realizado su lanzamiento y casi sin publicad, se han anotado 226.000 personas que generaron su propio trabajo. El 60% son mujeres y el 40% son hombres cuyas actividades van desde sociales (Comedores, merenderos y jardines comunitarios) hasta construcción, carpintería, refacciones y servicios.
A causa del gran número de estafas registradas, el ministro aclaró que la inscripción únicamente puede ser llevada adelante por el sitio de Desarrollo Social. Aparte, él advirtió que algunas páginas prometen falsamente que el programa otorga un ingreso equivalente al salario mínimo, vital y móvil (SMVM), lo cual no es verdad ya que el Gobierno no paga una prestación a los inscriptos.
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