El día de ayer, el Senado ha convertido en ley el cupo laboral travesti trans con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Con la nueva normativa, el Estado de los tres poderes estarán obligados a contratar, al menos, un 1% de la nómina de personal de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.
La sanción del cupo laboral travesti trans da lugar a un histórico reclamo realizado en búsqueda de la ampliación de derechos fundamentales.
La iniciativa aprobada lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins rindiéndole homenaje a dos activistas trans víctimas de travesticidios.
La legislación establece que la población travesti trans puede acceder a un puesto laboral en el Estado, los ministerios públicos, los entes públicos no estatales, los organismos descentralizados o autárquicos y las empresas y sociedades estatales a pesar de no haber completado los ciclos de formación educativa. Sin embargo se exige que retome y finalice sus estudios.
Al mismo tiempo, se prevén incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses, dependiendo del tamaño de la empresa, en la contratación de personal de este colectivo. Las contribuciones patronales que se generen se podrán tomar como pago a cuenta de impuestos nacionales.
La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa de interés preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas trans y travestis.
No se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales ni penales para el ingreso al trabajo.
Para el otorgamiento de los puestos de trabajo se creará un registro único de aspirantes que estará abierto para miembros de este colectivo. Su inscripción no será obligatoria ni resultará un impedimento para el acceso al régimen de inclusión laboral.
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