La Ley de Movilidad vetada por el Presidente Javier Milei será analizada por la Justicia. Esto se debe a que Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, presentó un recurso argumentando su constitucionalidad. Si consigue un fallo favorable, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debería aplicar el aumento a jubilados y pensionados.
Eugenio Semino participó del último programa de «Lo justo y necesario» conducido por la Licenciada Clara Salguero por A24. Al hacerlo, detalló los argumentos presentados junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez para impugnar el veto y solicitar la aplicación de la ley.
La lucha por los derechos de los jubilados
La Ley de Movilidad vetada por el Poder Ejecutivo se sancionó con la intención de ajustar los haberes de los jubilados. Si bien continuaba con un ajuste mensual por la inflación, agregaba una actualización anual por el 50% de la variación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Asimismo, entre otras cosas, garantizaba 1,09 veces la canasta básica alimentaria para un adulto mayor. Como resultado de ello, el bono de $70.000 integraría el haber mínimo.
Sin embargo, la decisión del gobierno de Milei de vetarla se basó, según el decreto, en la falta de fondos para afrontar los incrementos previstos.
Semino explicó que la presentación ante la Justicia busca declarar la inconstitucionalidad del veto, argumentando que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso y responde a una necesidad urgente de los jubilados, quienes ven su poder adquisitivo erosionado por la alta inflación.
«El veto básicamente dice que no hay plata, pero la realidad es que la ley fue sancionada en un marco de discusión que involucró a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la cual no comparte los argumentos del Ejecutivo», afirmó el Defensor de la Tercera Edad.
Un reclamo basado en derechos constitucionales
El veto a la ley ha generado un fuerte debate sobre los derechos de los jubilados en Argentina, un sector que históricamente ha luchado por una mayor protección social. Semino y Gil Domínguez plantean que el veto viola derechos adquiridos por los jubilados y pensionados, los cuales están protegidos por la Constitución Nacional.
La demanda presentada ante la Justicia busca restablecer el principio de movilidad jubilatoria, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución. «No podemos permitir que, una vez más, los jubilados sean los grandes perjudicados de una política económica que no prioriza sus derechos», enfatizó Semino en la entrevista.
El Congreso avaló el veto al aumento a jubilados
A pesar del veto, la nueva Ley de Movilidad de Anses podía entrar en vigencia. Para ello, las dos terceras partes de las dos cámaras que integran el Congreso debían votar a su favor. No obstante, tras reuniones de Javier Milei, la Cámara de Diputados avaló la decisión del mandatario.
Milei consideró héroes a los Diputados que lo apoyaron en la votación. De hecho, los invitó a disfrutar de un polémico asado en la Quinta de Olivos.
