El presidente Javier Milei tiene previsto presentar un proyecto para eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. En caso de prosperar la medida, serán los adherentes quienes sostengan económicamente a sus respectivos partidos, tal como ocurre en el modelo estadounidense.
Actualmente, la Ley 26.215 establece que el Estado debe financiar parte de las actividades de los partidos políticos.
La eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos supondría un gran cambio en el sistema político argentino. Esto es porque dejarían de contar con un ingreso estatal para llevar adelante sus actividades de campaña y desarrollo institucional.
Si bien el oficialismo sostiene que la medida podría “transparentar” el manejo de fondos en la política, los analistas coinciden en que generará un fuerte debate en el Congreso. En el entorno del presidente, se considera que podría utilizarse como herramienta de negociación destinar parte de los fondos que hoy financian a los partidos para reforzar el presupuesto universitario, lo cual podría buscar apoyo de sectores de la oposición.
Un debate con antecedentes
Anteriormente, el Poder Ejecutivo ya había planteado la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Su argumento se basó en que el proceso costó al país 10.618 millones de pesos en 2023.
No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió recientemente que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para derogar las PASO el próximo año.
Actual finamiento de los partidos políticos
En Argentina, los partidos políticos cuentan con dos fuentes de financiamiento: una pública y otra privada.
La Ley de Financiamiento distribuye fondos estatales equitativamente entre alianzas políticas, según votos obtenidos en elecciones previas. En 2023, el Ministerio del Interior recibió una partida para este fin de 48.500 millones de pesos, equivalentes a unos 164 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.
La segunda fuente de recursos proviene de aportes privados, incluyendo donaciones de afiliados y fondos obtenidos de eventos o actividades propias. Sin embargo, la legislación impone límites y prohíbe, entre otros, recibir donaciones de contratistas del Estado o entidades públicas.
Existen dudas sobre el financiamiento, ya que gran parte de los fondos de campaña provienen de aportes informales difíciles de fiscalizar.
Propuesta de Javier Milei
El modelo estadounidense al que apunta Javier Milei se basa en el financiamiento privado, en el que los ciudadanos contribuyen directamente a sus candidatos preferidos. No obstante, este esquema ha sido criticado por favorecer a candidatos con acceso a grandes sumas de dinero, incluyendo fondos corporativos.
Para muchos legisladores, la propuesta de Milei podría representar un riesgo para el pluralismo político, ya que los partidos más pequeños podrían tener dificultades para competir en igualdad de condiciones sin el apoyo estatal.
