El presidente Javier Milei oficializó la eliminación de los aportes obligatorios que las empresas debían realizar a las cámaras empresariales. La medida se formalizó mediante el Decreto 149/2025, publicado el día de la fecha en el Boletín Oficial. Las cámaras tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a la nueva normativa.
Fin de los aportes obligatorios
A partir de la publicación del Decreto 149/2025, las Convenciones Colectivas de Trabajo ya no podrán imponer aportes, contribuciones ni cargas económicas obligatorias a favor de cámaras empresariales o asociaciones.
La normativa también establece que el Gobierno no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan estas cláusulas compulsivas. Conforme al oficialismo, se busca garantizar que los convenios regulen únicamente condiciones de trabajo y no se utilicen para imponer cargas económicas ajenas a la relación laboral.
El decreto enfatiza que sólo una norma con rango de ley puede imponer obligaciones patrimoniales. Como resultado de ello se garantiza el principio de libertad de asociación y evitar la imposición de cargas económicas sin el consentimiento de las empresas afectadas.
Un «impuesto privado» que llega a su fin
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la importancia de esta medida al señalar que pone fin a un mecanismo que permitía la creación de «impuestos privados» en beneficio de ciertos sectores. Según el funcionario, empresarios y gremialistas habían logrado incluir contribuciones obligatorias para financiar entidades ajenas a la negociación salarial, como cámaras empresariales e institutos de capacitación, lo que generaba costos adicionales a quienes no habían elegido participar.
Impacto en el sector comercial
En el comercio, esta obligación imponía a los establecimientos el pago de aproximadamente $6.000 millones mensuales para actividades de capacitación. Estos fondos se destinaban al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), creado en 2008, y alcanzaban a 1,2 millones de trabajadores.
Según el Gobierno de Javier Milei, la cuota era de $4.725,02 por empleado, lo que representaba el 0,50% del salario de maestranza A inicial. Se abonaba independientemente de si el trabajador realizaba la capacitación o no.
