La mafia de los medicamentos se posa amenazante sobre las cajas de varios sindicatos y los gremios no pueden explicar ni mucho menos justiciar el destino que le dieron a mas de $ 250 millones, aportados por el Estado a sus obras sociales . Se trataría de fondos que estos recibieron durante los últimos años y los debían invertir en atención de enfermedades de alta complejidad y a la prevención, sin saber el destino de los mismos ya que nunca se rindieron las cuentas.
El Estado los intima a que devuelvan los fondos ya que los gremios hace años los recibieron y los debían destinar a la atención de enfermedades de alta complejidad y a la prevención. Como nunca rindieron cuentas de los mismos, no se sabe si cumplieron con el objetivo o lo hicieron en forma errónea.
La obra social dirigida por Juan José Zanola, del sindicato de los bancarios es la que debe rendir $ 17 millones. El mismo sindicalista que está en la mira del juez Norberto Oyarbide en la causa por los remedios falsos. Tanto, que el magistrado pidió al Gobierno la intervención de la obra social.
La mayor parte del dinero que los gremios no rindieron, más de $ 208 millones, corresponde a fondos distribuidos entre las obras sociales sindicales que habían sido girados durante 2005 y en años anteriores por la Administración de Programas Especiales (APE). Este organismo se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas, y financia la atención de enfermedades, como el sida y diferentes discapacidades.
Otros $ 48 millones corresponden a un plan de prevención de tabaquismo, hipertensión, obesidad, cáncer de mamas y otras enfermedades, que lanzó en diciembre de 2007 la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entonces dirigida por Héctor Capaccioli. El mismo que unos meses antes había recaudado fondos para la campaña de Cristina Kirchner y que hoy aparece involucrado en la causa de los medicamentos falsos.
Con un presupuesto de $ 938 millones para 2009, la APE está bajo la órbita del Ministerio de Salud y a cargo de Hugo Sola, un incondicional del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Su nutrida caja y los más de $ 3500 millones que acumula de excedentes presupuestarios convirtieron al organismo en campo de batalla entre el líder camionero y la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. A partir de la gestión de la ex funcionaria, los gremios sólo reciben reintegros por las prestaciones que pueden comprobar.
A comienzos del año 2009 finalizó una auditoría realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el resultado fue que, las obras sociales de los gremios sólo rindieron $ 143 millones de un total de $ 351 millones entregados por la APE. Los $ 208 millones no rendidos, casi el 60% del total, deberían ser reintegrados, según dispuso al ordenar el informe en noviembre de 2006, Juan Rinaldi, entonces gerente general de APE y sucesor de Capaccioli en la SSS.
Grandes deudores
Según el estudio realizado por la UBA, las obras sociales que deben rendir el dinero adeudado son:
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La Bancaria es la que más dinero debe rendir. El gremio de Zanola debe más de $ 16 millones.
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Empleados de Comercio, con $75 millones
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Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), con $ 21 millones.
Los $ 48 millones del plan de prevención de enfermedades se distribuyeron en forma discrecional entre 52 gremios, en una repartija que dejó afuera a más de la mitad de las obras sociales y que incluyó grandes disparidades: mientras que el gremio de los trabajadores rurales recibió $ 1,58 por afiliado, y el de sanidad, $ 1,90; el de locutores obtuvo $ 254, y el de consignatarios de hacienda, $ 478. Esas arbitrariedades llevaron a Manuel Garrido, entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, a abrir un expediente.
El programa contemplaba una segunda etapa y la entrega de otros $ 50 millones, pero ese giro fue frenado en noviembre de 2008 por Ocaña, que además instruyó a Rinaldi, entonces en la SSS, para que auditara la rendición del dinero ya distribuido.
La idea era que los que no pudieran explicar qué habían hecho con la plata la devolvieran, pero el plan quedó trunco con la salida de Ocaña y de Rinaldi, tras las elecciones de junio. El nuevo titular de la SSS, Ricardo Bellagio, dijo a LA NACION que se estaba encargando de que se hicieran las rendiciones que faltaban.
En la resolución 963/08 de la SSS, se explica que la política de subsidios no está contemplada dentro de los objetivos de la SSS, cuya función es controlar a las obras sociales.
Graciela Ocaña en una nota publicada en su blog dice que: «Lo que se financió doblemente con esos fondos es el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, algo que las obras sociales deben garantizar sin ningún tipo de subsidio».
El desmantelamiento del plan de prevención puso en pie de guerra a los gremios. El director médico de los camioneros, Oscar D´Onofrio le pidió por carta a Rinaldi, en marzo pasado, que reviera la medida. Sostuvo que existía una «infinidad de argumentos que desaconsejaban» esas «acciones intempestivas» y que la resolución había privado «a miles de mujeres y niños la posibilidad de evitar enfermar y morir».
Las rendiciones del gremio de Moyano eran de las menos detalladas. Después de presentar unas pautas generales, en mayo de 2008, la obra social pidió prórrogas en dos oportunidades, en septiembre y en noviembre del mismo año.
La última vez, el administrador general de la obra social, Roberto Nieto, argumentó problemas de salud. Otros gremios prefirieron el silencio.
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El Estado entregó $ 208 Millones. Fondos girados por el Estado para tratamientos médicos especiales y cuyo destino nunca fue explicado por los destinatarios. La ex ministra Ocaña había ordenado su devolución, pero eso jamás ocurrió.
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$ 48 Millones. Fondos de un plan de subsidios para tratamiento de tabaquismo, hipertensión, obesidad y otras enfermedades cuya rendición presenta irregularidades, según varios estamentos del Estado.
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$ 17 Millones. Es el monto de dinero que retuvo sin rendir la obra social del gremio de los bancarios, del sindicalista Juan José Zanola, hasta ahora el más complicado en la causa judicial que investiga a la mafia de los medicamentos adulterados.
La CGT que conduce Hugo Moyano se encuentra preocupada por el avance de las investigaciones sobre el manejo de los Fondos que reciben las obra sociales del Estado. Según fuentes del Gobierno Moyano y otros gremialistas habían transmitido en reserva su malestar: dicen sentirse «víctimas de una campaña de difamación».
La Nación
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