Ayer en la Cámara de Diputados, la oposición impidió que se sancione la ley por la cual van a ser modificados los impuestos a la importación y fabricación de productos tecnológicos para beneficiar al polo industrial de Tierra del Fuego. Si bien el oficialismo y los diputados del ARI de Tierra del Fuego trataron de convertir la Ley la oposición no habilitó el tratamiento y el debate debió postergarse hasta la próxima semana.
Al inicio de la sesión, todo el arco opositor coincidió en no habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto, por lo que el debate se postergó por una semana, pero el oficialismo pidió preferencia para colocar el tema en el próximo orden del día.
Y es por eso, que el Gobierno y los senadores del ARI de Tierra del Fuego deberán esperar para ver convertido en ley el proyecto que ellos impulsan.
La iniciativa impulsada por la Casa Rosada ya había sido aprobada por la Cámara baja, pero el Senado realizó una modificación, por lo que los diputados tendrán que volver a analizarlo y votar.
La semana pasada los senadores dieron marcha atrás a una modificación que los diputados introdujeron durante la discusión en el recinto, que cambiaron el tope para los equipos de aire acondicionados de 6.000 frigorías por 18.000 frigorías.
El cambio introducido por los senadores al proyecto no fue «estructural», desde el oficialismo daban por descontado que la iniciativa se convertirá en ley en la sesión de ayer.
Este llamado “impuestazo” tecnológico, se trata de un proyecto por el cual se suben impuestos a los artículos electrónicos importados y fabricados en el país, excepto aquellos producidos en Tierra del Fuego.
Según la iniciativa se gravan con impuestos internos y se duplica el IVA a diversos productos electrónicos. Eliminándose la exención de impuestos internos, del 26%, y se duplica el IVA del 10,5 al 21% para los productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen en Tierra del Fuego.
Desde las cámaras del sector tecnológico advierten que los precios de los artículos aumentarán hasta un 34%, lo cual bajaría drásticamente la demanda y pondría en juego miles de puestos de trabajo.
Ejemplificando que la medida provocará escasez de oferta de celulares porque no habrá importadores y el mercado local sólo tiene capacidad para abastecer al 3% de la población.
Esta diferencia de opiniones generó fuertes cruces entre empresarios y el Gobierno, por eso Débora Giorgi, ministra de Industria y Turismo, acusó de «lobbistas disfrazados de defensores del bolsillo de la ciudadanía» a quienes cuestionan la iniciativa.
Giorgi, opina que la ley implicará impulsar la creación de 2.000 puestos nuevos de trabajo en muy pocos meses, con el agregado de por lo menos u$s200 millones para productos tecnológicos.
En cambio desde la Cámara de la Industria Fotográfica Argentina, CIFA, se denunció que de aprobarse el «impuestazo tecnológico» correrán peligro unos 25.000 puestos de trabajo en el sector.
La Cámara Argentina de Comercio, CAC, advirtió que si se aprueba la propuesta «se encarecerán productos que hacen al desarrollo» y se estimular el mercado ilegal.
Por su parte, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la Argentina, CICOMRA, manifestó su «total desacuerdo» con el proyecto por considerar que es «absolutamente regresivo» y que «afectar a los que menos tienen».
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