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Reintegros a las Obras Sociales

El Gobierno Nacional con el fin de pacificar a la Confederación General del Trabajo, CGT, ya les prometió a los lideres sindicales que cancelara la deuda de $3.200 millones que el Estado tiene con las obras sociales, presionando por la unidad entre Hugo Moyano y los llamados «gordos» . A diversos sectores de primera línea llego el claro mensaje de:  «La plata está y se va a repartir con total Justicia». Desde hace unos meses que los sindicalistas le reclaman al Gobierno con mucha insistencia el pago de los $3.200 millones que se les adeuda a las obras sociales por recursos que no fueron distribuidos y quedaron acumulados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución, FSR, y ahora el compromiso […]

El Gobierno Nacional con el fin de pacificar a la Confederación General del Trabajo, CGT, ya les prometió a los lideres sindicales que cancelara la deuda de $3.200 millones que el Estado tiene con las obras sociales, presionando por la unidad entre Hugo Moyano y los llamados «gordos» . A diversos sectores de primera línea llego el claro mensaje de:  «La plata está y se va a repartir con total Justicia».

Desde hace unos meses que los sindicalistas le reclaman al Gobierno con mucha insistencia el pago de los $3.200 millones que se les adeuda a las obras sociales por recursos que no fueron distribuidos y quedaron acumulados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución, FSR, y ahora el compromiso desde el Estado Nacional es que la plata esta.

El matrimonio Kirchner envía el mensaje tratando de neutralizar la disputa dentro de la central obrera y pretendiendo un pacto de paz entre el líder cegetistas Hugo Moyano y los adversarios internos, algo que además, fue reforzado con la decisión  de transferir a la Superintendencia de Salud $ 210 millones, de los cuales cerca del 80% se destinarán al pago de reintegros a los gremios por el financiamiento de planes de alta complejidad.

A través de la Resolución 20/2010 de la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo dispuso transferir de la cuenta del FSR a la Superintendencia $ 209.910.943 correspondientes a las cuotas de programación de la ejecución trimestral del organismo. Ricardo Bellagio, superintendente, le explicó a el Diario El Cronista que de ese monto total, el 80% (unos $ 165 millones) fue remitido por el organismo a su cargo a la Administración de Programas Especiales, APE, para el pago de reintegros a las entidades de salud manejadas por los gremios.

Luego de que los Sindicatos le plantearon al Gobierno las quejas por las demoras en el pago de los reintegros, llegó la novedad del giro de fondos al APE, lo que fue muy bien recibido en la conducción de la CGT, algunos dirigentes mostraron preocupación por el tiempo que se tomará el organismo para hacer efectivo el pago a las obras sociales y también hubo alguno que deslizaron sus dudas respecto al mecanismo que se usará para el reparto de los fondos. Unos de los gremialista advirtió que:  «Hay que ver cuanto tardan en pagar los reintegros y esperar que no se beneficien solo los amigos de Moyano». Recordando que la gerencia de la APE la comanda desde el mes de  noviembre Daniel Colombo Russell, ex apoderado del sindicato de Camioneros.

En el almuerzo de fin de año en la Quinta de Olivos la conducción cegetista le solicitó a la Presidenta Cristina Fernández, entre otras cosas la agilización del pago de reintegros por tratamientos de alta complejidad. El punto central de los reclamos que se hicieron se vinculan con la deuda de más de $ 3.200 millones acumulados en el FSR. Varios funcionarios, y en respuesta a ese planteo, transmitieron a los jefes sindicales, y en especial a los sectores críticos a Moyano como los grupos de los «gordos» e «independientes», la determinación del Ejecutivo de «empezar a pagar» posiblemente desde marzo parte de esos millonarios fondos y garantizaron que «habrá justicia» en la distribución.

Si bien algunos adversarios del jefe de la CGT se mostraron entusiastas con la promesa oficial mostrándose más dispuestos a retomar las conversaciones con el camionero para normalizar la situación interna de la entidad. Otros, más escépticos, denuncian que «esa plata no existe más» y que el mensaje del Gobierno solo apunta a evitar que algunos dirigentes emigren a las filas de la oposición.

El Cronista

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