Desde hace años el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, ha generado conciencia durante años sobre la importancia de ser donante de órganos y médula ósea para salvar vidas, pero muchas veces se deja de lado el generar conciencia sobre las personas que han recibido un trasplante. Existen normas, como la ley n° 26.928 que se centra en este grupo de personas.
Esta ley nacional, sancionada en 2013 tiene como objetivo salvaguardar a quienes hayan tenido un trasplante así como también a sus familiares.
La Ley 26.928 explica que son beneficiarios de la misma quienes estén inscriptos en el «Registro Nacional de Procuración y Trasplante» o se encuentren en la lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y residan en el país.
En la misma se detalla cuáles son las prestaciones que deben cubrir las obras sociales y prepagas para las personas que fueron trasplantadas. Para acceder a las mismas hay que contar con una credencial que acredite su condición que se tramita en el INCUCAI.
Las compañías de salud deben brindar a las personas trasplantadas una cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios de diagnóstico y prácticas de atención relacionadas con el trasplante.
Más allá de contemplar las prestaciones médicas, la ley detalla el rol que debe cumplir el Gobierno para ayudar a las personas trasplantadas en el día a día.
Entre otros beneficios están los pasajes de transporte terrestre o fluvial de pasajeros de jurisdicción nacional que el paciente utilice para concurrir a una asistencia médica debidamente acreditada, contemplado la posibilidad de requerir un acompañante. En algunos casos se otorgan pasajes aéreos.
Además, el Estado debe otorgar una asignación mensual no contributiva equivalente a la pensión por invalidez a aquellos trasplantados en situación de desempleo forzoso y que no cuenten con ningún otro beneficio previsional.
La normativa vigente desde 2015 también explica que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene que promover programas de empleo, emprendimiento y talleres protegidos destinados a personas trasplantadas.
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