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Los Empresarios rechazaron el proyecto de repartir Ganancias entre sus empleados

El día  de ayer, mediante un comunicado el llamado «Grupo de los Siete» rechazó el proyecto de ley firmado por Héctor Recalde, Diputado y abogado de la Confederación General del Trabajo, CGT,  por el cual se prevé repartir el 10% de las ganancias entre los empleados, argumentando que el reparto de las utilidades, «choca» contra el «derecho de propiedad» que no encuentran lícito otorgarle a los sindicatos facultades de poder fiscalizar sus ejercicios. Como de costumbre en la reunión mensual de los empresarios, ayer se juntaron los presidentes Jorge Brito, de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEBA, Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de Comercio, CAC, Carlos E. Wagner, de la Cámara Argentina de la […]

El día  de ayer, mediante un comunicado el llamado «Grupo de los Siete» rechazó el proyecto de ley firmado por Héctor Recalde, Diputado y abogado de la Confederación General del Trabajo, CGT,  por el cual se prevé repartir el 10% de las ganancias entre los empleados, argumentando que el reparto de las utilidades, «choca» contra el «derecho de propiedad» que no encuentran lícito otorgarle a los sindicatos facultades de poder fiscalizar sus ejercicios.

Como de costumbre en la reunión mensual de los empresarios, ayer se juntaron los presidentes Jorge Brito, de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEBA, Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de Comercio, CAC, Carlos E. Wagner, de la Cámara Argentina de la Construcción, CAC, Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural Argentina, SRA, Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Héctor Méndez, de la Unión Industrial Argentina, UIA.

Todos de manera categórica rechazaron la iniciativa firmada por Recalde de distribuir ganancias con los trabajadores.

Puntualizaron en que el proyecto:

  • «avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos las facultades de fiscalización» de los balances empresariales.

Específicamente se refirieron al articulo Nº 18 que puntualmente dice que:

«La empresa deberá facilitar el acceso a la información y documentación requerida, no pudiendo negarse a su entrega ni obstaculizar el ejercicio de las facultades de control. En caso contrario, será considerada práctica desleal».

Mediante un comunicado oficial fechado el día de ayer, miércoles, los representantes de las principales cámaras empresarias del país afirmaron que la posibilidad de avalar la interferencia sindical:

  • «se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos».
  • siempre impulsaron la negociación colectiva como «la práctica idónea para resolver positivamente las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores».
  • «Este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos», opinaron. Asimismo, mostraron su «preocupación» ante este proyecto elaborado «sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo».
  • «Los asistentes ratificaron su confianza en el diálogo que tenga en cuenta circunstancias, marcos de colaboración y de productividad indispensables para un real crecimiento con empleo e inclusión social».

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