El viernes pasado, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Alejandro Vanoli, anunció que el ajuste de marzo de 2020 a los jubilados y pensionados se calculará tomando una suma fija de 1500 pesos más 2,3%. Debido a que muchas personas cobrarán menos que lo que hubieran cobrado con la Ley de Movilidad suspendida, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, adelantó que pedirá la inconstitucionalidad de este aumento de Anses apenas se publique el decreto.
El aumento por movilidad fue suspendido por medio de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva sancionada en diciembre pasado por el Congreso.
El índice de movilidad suspendido se conforma tomando en un 70% la inflación y en un 30% la evolución salarial de los trabajadores del Estado Nacional. En caso de tomar esos valores, os haberes subiría en un 11,56% el mes que viene.
Sin embargo, el Gobierno decidió aplicar un ajuste que se conforma por una suma fija ($1500) más un porcentaje (2,3%). Esto hace que la jubilación mínima se actualice en un 13% pero los beneficios mayores obtendrán una actualización mucho menor.
Uno de los primeros en reaccionar sobre esta medida fue el Defensor de la Tercera Edad. A lo largo de una charla con Radio Con Vos, Eugenio Semino aseguró que acudirá a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la misma, la cual considera que perjudica a un sector que viene muy golpeado.
Semino comentó que a fines de 2017 les «robaron directamente» el aumento de un trimestre mediante el llamado empalme, lo cual fue de unos 6 puntos. Esta situación ya se encuentra tratada por la Corte Suprema.
Además, él afirmó que en 2018 y 2019 los haberes previsionales han perdido un 19,5% respecto a la inflación. Se esperaba que esto sea equiparado con los aumentos de marzo y junio, los cuales, de acuerdo a la normativa suspendida, iban ser del 11,56% y 15%.
Con la finalidad de que sea declarada la inconstitucionalidad de la medida, él presentará una cautelar con el patrocinio del Doctor Andrés Gil Domínguez. Con la misma se buscará que se siga aplicando la anterior fórmula por, al menos, el período de suspensión los índices devengados. «De no concederse la cautelar vamos a pedir el per sáltum para que la Corte defina», advirtió.
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